Nota de Prensa | El discurso del odio y el miedo gana terreno en España

Red Acoge muestra su más profunda preocupación ante la gravedad de las decisiones que se están llevando a cabo por parte del gobierno español que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes y la irresponsabilidad de las declaraciones discriminatorias realizadas por los grupos de la oposición hacia las personas migrantes.

En primer lugar queremos recordar que el Estado español tiene la obligación de cumplir con los tratados y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Entre ellos con la Declaración Universal de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre el estatuto de los refugiados, la Convención sobre los derechos del niño,la Convención sobre el Derecho del Mar, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Todos estos tratados y acuerdos internacionales establecen de manera inequívoca que todas laspersonas migrantes son ante todo titulares de derechos humanos universales, cuya dignidad y seguridad necesitan una protección especial.

El Tribunal Supremo en su sentencia nº 1263/2018, señala claramente que según “el artículo 10.2 de nuestra Carta Magna, las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España”.

De esta forma, el Estado español tiene la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de las personas migrantes establecidos en dichas normas, sobre la base del principio de igualdad y no discriminación en todas las etapas del proceso migratorio.

Obligación de prestar auxilio

Cuando una embarcación se encuentra en alta mar, fuera de la jurisdicción de los estados ribereños, según los Tratados Internacionales de derechos Humanos, los Estados deben “prestar auxilio a cualesquier persona que se halle en peligro, independientemente de la nacionalidad o estatus de esas personas o las circunstancias en que fueron halladas”. Toda embarcación en peligro debe ser socorrida.

Con respecto a la grave situación de peligro en la que se encuentran las embarcaciones de las ONG que están salvando vidas en el mar y buscan un puerto seguro donde desembarcarlos, los Estados tienen la obligación de proteger la vida y la seguridad de estas personas y garantizar su rescate y asistencia inmediata.

El Estado español debe mantener su decisión de cumplir con esta obligación y dar permiso para desembarcar a todas aquellas embarcaciones que se encuentran en esta situación. No puede dejar en total desprotección a cientos de personas por entrar en el juego de presionar a otros países europeos para que acojan. La vida de las personas, que además se encuentran en una situación vulnerable, no puede convertirse en moneda de cambio en las políticas europeas.

Además, con respecto a las personas que viajan en pateras y otras embarcaciones deben socorrer y proteger la vida en el mar de las personas que se encuentren en peligro en alta mar, a través de Salvamento Marítimo.

No es una cuestión de solidaridad es una cuestión de cumplimiento de obligaciones internacionales y de proteger la vida de personas que se encuentran en grave peligro. Deben crearse sistemas para socorrer a todas las embarcaciones en peligro que pongan en el centro la búsqueda y el salvamente de todas las personas en pie de igualdad, independientemente de su estatus migratorio.

Gestión y gobernanza de fronteras frente al bloqueo y control

Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia.

Le recordamos que el Estado español tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras y que éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

En este sentido preocupa las últimas decisiones adoptadas por el ejecutivo español:

Mantener el recurso del PP contra la condena del Tribunal a España por los casos de las devoluciones sumarias.El Estado español tiene la obligación de respetar el principio de no devolución de todas las personas migrantes sin discriminación alguna con independencia de su situación legal, la forma como llegan a las fronteras, el lugar de donde proceden o su aspecto físico, así como establecer expresamente, la prohibición de las expulsiones arbitrarías o colectivas.

Que además debe garantizar los derechos humanos de todas las personas durante la atención, identificación y acogida en sus fronteras y que éstas no pueden ser devueltas ya que, de hacerlo pondrían nuevamente en riesgo su vida.

Esta práctica ha sido duramente denunciada por organismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio Defensor del Pueblo como institución nacional de derechos humanos.

El gobierno español no puede mantener el recurso del PP manteniendo una argumentación contraria al derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Acuerdos con Marruecos. Las políticas que se están llevando a cabo hasta ahora desde el Estado español y los países europeos de disuasión, externalización y militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras han causado miles de muertes y suponen una grave vulneración del derecho a la vida de las personas migrantes.

La Unión Europea y España han acordado reforzar la cooperación con Marruecos para que estos hagan de fuerza de contención de todas aquellas personas que quieren llegar a los países europeos. Esto ha supuesto redadas violentas por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos en las zonas y barrios donde se asientan cientos de personas migrantes que han llegado de otros países africanos en su ruta migratoria. Como denuncian las organizaciones marroquíes, estas personas han sufrido detenciones arbitrarias y se las ha trasladado de formar forzosa en autobuses a una de las zonas más alejadas de Tánger y Nador.

La consecuencia de estas políticas basadas en el uso excesivo de la fuerza y en la disuasión tiene como consecuencia numerosos casos de homicidios ilícitos por parte de los Estados que quedan en total impunidad.

España, Marruecos y la unión Europea están incumplimiento su obligación de respetar y proteger el derecho a la vida de las personas refugiadas y migrantes y están aumentando el riesgo de muerte de miles de personas.

Creemos que las políticas cuyo objetivo es frenar y limitar la migración en vez de su gestión, sólo sirve para exacerbar los riesgos a los que se exponen los migrantes y crear zonas de ilegalidad e impunidad en las fronteras además de alimentar los discursos xenófobos potenciados por la visión de una Europa que se ha de defender. Por lo que urge un cambio de dirección a la hora de abordar la inmigración.

 

Proteger a los migrantes y luchar contra la xenofobia

Queremos destacar que los mensajes de representantes políticos que hablan de efecto llamada, no son ciertos, y nos preocupa que si bien por desconocimiento o bien por rédito políticos se usen argumentos falsos para criminalizar un colectivo. El aumento de llegadas a España es consecuencia del cierre de nuevas rutas, sumado a la época de año en la que estamos,junto con factores de expulsión en los países de origen como inestabilidad política o guerras.

También nos alarma que se hable de “no caer en el buenismo y dar papeles para todos” cuando se sabe de las trabas burocráticas para adquirir la residencia. Este tipo de declaraciones sólo generan alarma a la sociedad y nuevamente vuelve a poner a las personas inmigrantes como invasores.

Lo que nos lleva al tercer discurso xenófobo que estamos escuchando estos díasque vincula la venta ambulante de los manteros con inseguridad ciudadana. Una vez más los políticos vuelven a usar un colectivo migrante como chivo expiatorio sin hablar de la precariedad, la dificultad para regularizarse, y sin proponer medidas más a allá de medidas policiales.

Pedimos al Estado español que asuma las directrices que desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas que insta a “a evitar los mensajes estigmatizantes, xenófobos, racistas, alarmistas o inexactos”.

Europa vive un aumento de los populismos, la extrema derecha, el racismo y la xenofobia, los políticos deben alejarse de esta retórica y dar un giro de 180 grados a sus políticas migratorias y a sus discursos de protección de fronteras y miedo al extranjero.

Pedimos que los representantes políticos tengan en cuenta las experiencias de las personas inmigrantes para la comprensión del impacto de sus medidas y gobernar poniendo los derechos humanos como centro de sus políticas.

Autora: Emma Garrido – Prensa Red Acoge.

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Publicado en: Comunicados, Inicio

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